La seguridad alimentaria es un reto que se enfrenta en todo el mundo por el crecimiento acelerado de la población. En el Congreso Internacional sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizado en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se expuso la necesidad de lograr un sistema de producción y abastecimiento sostenible que ofrezca alimentos saludables para todos.
Según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria
(FIES 2022), durante los últimos 12 meses 28 de cada 100 hogares tuvieron que
disminuir al menos una vez la cantidad y calidad de los alimentos consumidos
por falta de dinero y otros recursos, lo que se tradujo en una
inseguridad alimentaria entre moderada y grave del 28,1 %. Un panorama
preocupante.
Según expertos, la “justicia alimentaria” va más allá de
garantizar la disponibilidad de alimentos básicos que tiene una población;
implica reconocer y abordar las desigualdades en el acceso a recursos y
decisiones relacionadas con la alimentación. Estas desigualdades se traducen en
la falta de acceso a tierras para la producción de alimentos y en las
limitaciones que se han impuesto a las comunidades para tomar decisiones sobre
su propio entorno.
Por su parte, la “soberanía alimentaria” radica en el
derecho que tienen las comunidades a definir sus propias políticas alimentarias
y agrícolas. En este contexto, significa que las comunidades locales deben
tener el poder de decidir sobre las prácticas agrícolas sostenibles, la
preservación de sus conocimientos tradicionales y la protección de sus
territorios.
Durante la apertura del Congreso, la profesora Sara Eloísa
del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (OBSSAN) de la UNAL, señaló que se debe hablar más de la autonomía
alimentaria desde la ciudad, junto con los grandes desafíos que esta trae.
“No puede ser que los grandes desafíos alimentarios
–soportados únicamente en las reflexiones de una soberanía de autonomía– giren
solo en torno a los territorios rurales, pues esta también es una tarea de la
población urbana, quienes hoy ocupamos más del 80 % en el planeta”,
puntualizó la profesora.
La profesora Ayarí Pasquier, del posgrado en Ciencias de la
Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso el
caso de Ciudad de México, señalando que “pese a que es reconocida por ser una
de las metrópolis más grandes del mundo, con cerca de 22 millones de
habitantes, enfrenta desafíos significativos en términos de suelo de
conservación, en especial por los contrastes y desigualdades en la distribución
equitativa de beneficios y cargas en términos alimentarios”.
Una de las paradojas que se presentan en varios países de
América Latina es que, aunque la producción es abundante, la distribución es
desigual y hay barreras de acceso, pero lo más grave es que se pierde una parte
significativa antes de llegar a los consumidores.
Para la ponente, “abordar este problema requiere enfoques
más allá de simplemente informar a los consumidores sobre la reducción del
desperdicio; es importante hacer intervenciones en la producción, la
distribución y el consumo para minimizar estas pérdidas y mejorar la eficiencia
del sistema alimentario”.
“Es importante abordar temas fundamentales como el acceso
económico a alimentos saludables, la disponibilidad de opciones nutritivas en
todas las áreas y la equidad en la toma de decisiones relacionadas con la
alimentación”.
Según expertos en nutrición y seguridad alimentaria que
asistieron al evento, la participación comunitaria es un factor clave para
afrontar estos y otros grandes desafíos que se presentan en la toma de decisiones
relacionadas con la alimentación.
Sobre ello, se mencionó que la justicia alimentaria implica
garantizar que las comunidades locales tengan voz y voto en las decisiones que
afectan su acceso a alimentos saludables y sostenibles, y además se puntualizó
que esto incluye repensar la distribución de tierras, fomentar prácticas
agrícolas sostenibles y promover la diversidad de alimentos locales.
