Apoyo constante y económico, unión entre gremios, academia y Estado, mayor conexión para telecomunicaciones y capacitaciones administrativas y de mercadeo, son algunas las propuestas que ayudarían a los productores hortofrutícolas del sur del Valle del Cauca a innovar sus sistemas de producción y mercadeo.
Los productores piden y necesitan mejorar sus condiciones
comerciales, ya que así también mejoran su calidad de vida. Hasta la fecha
aplican técnicas productivas de hace 20-30 años por las que sienten que no
obtienen suficientes ganancias”.
Este es el panorama que aprecia Diana Melissa Zambrano Beltrán, magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, lo que la llevó a analizar la forma en la que las empresas as recopilados y entrevistas a 11 asociaciones hortofrutícolas, la magíster preparó propuestas estratégicas para aumentardo y la Academia se articulen con los productores para apoyarles en formas de innovar y de racionalizar sus c la capacidad de innovación agroindustrial de esta región, en las que la principal consiste en que el Estaostos.
Entre las propuestas destaca que “cuando se realizan
convocatorias de seguridad alimentaria e impulso para el agricultor, los
requisitos deberían ser más flexibles y con menos tecnicismo, pues a veces la
gente del campo no sabe ni siquiera leer o escribir o no tiene acceso a
internet y las convocatorias se montan en las web o redes sociales”, explicó la
investigadora.
De ahí que resalte que en buena parte del campo rural
vallecaucano la conectividad es nula y los productores no alcanzan a conocer
estas convocatorias, “mientras más lejos está la zona de cultivo, menos fuentes
de información tiene el agricultor”. Sería indispensable que el Estado
garantice la conectividad y las telecomunicaciones, pues así también garantiza
la seguridad alimentaria y la productividad agrícola.
Así mismo sugiere que entre las Secretarías de Agricultura
de los municipios de Dagua, Vijes, Pradera, Florida, Palmira y Candelaria, y la
de la Gobernación del Valle, se unan como gremio fuente de financiamiento para
que los productores tengan otra alternativa de acceder a los créditos.
“Por lo general el agricultor debe cumplir otra cantidad de
requisitos para que les aprueben un subsidio o crédito, algunos llegan a hipotecar
sus terrenos a unas tasas de interés muy altas para poder mantenerlos al mismo
tiempo. Que el Estado apoye en otras formas de financiación, la disminución de
intereses o el pago de las deudas puede ser un alivio económico”, agrega la
magíster.
Grave panorama
Además de este contexto, las estrategias anteriores se
proponen por otros fuertes problemas que agobian a los productores y que
afectarían la seguridad alimentaria en el futuro.
El primero es que muchos de ellos no tienen suficientes
recursos para solventar todos los gastos de su producción, especialmente porque
“la compra de insumos está muy relacionada con el dólar; a medida que este
aumenta se encarecen más los insumos y aunque vuelvan a bajar conservan los
precios costosos”.
Como resultado, la magíster detalla que la producción
también se encarece para los agricultores y deben vender a precios por debajo
de su inversión para no perderlo todo.
Por otro lado, las intermediaciones de venta generan
conflicto y poco acuerdo. “El productor no tiene alianzas comerciales grandes
como con supermercados ni contratos directos con los compradores, sino que
siempre está una persona negociando entre los dos e imponen un precio sin
negociar. Esto ocurre con el 90 % de los pequeños y medianos
agricultores”, explica la investigadora.
De ahí que sean indispensables sistemas o métodos más
elaborados para determinar cuánto cuesta realmente su producto; la magíster
también alerta sobre soluciones indispensables para la “fuga de cerebros” del
campo a la ciudad.
“La mayoría de las personas del campo son adultos mayores y
ellos no quieren que sus hijos continúen con este trabajo porque sienten que no
es bien pago ni genera buenos ingresos. Prefieren endeudarse o hacer lo que sea
para que sus hijos salgan a la ciudad, pero si no tenemos gente que nos ayuda a
producir nuestra comida, la seguridad alimentaria está en un riesgo muy alto”,
señala la magíster de la UNAL.
Frente a su estudio, concluye que todo se podría compilar en
una política pública de desarrollo y acción para el sector agropecuario que
“contemple más allá de solo dar una asistencia técnica y ocasional, pues se
debe considerar la situación socioeconómica y productiva de los agricultores”.
